Tribunal Superior Administrativo (TSA) Condena al Ministerio de Proyecto Estratégico y Especiales (PROPEEP) a pagar suma millonaria a empleada cancelada de forma irregular.
El TSA favoreció la demanda de KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA por cancelación irregular tras siete (7) años y (9) nueve meses trabajando en esa PROYECTO ESPECIALES Y ESTRATEGICO (PROPEP).
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó, mediante sentencia número 0030-1645-2021-SSEN-149 de fecha 11 de junio de 2021, y a Ordena José Leonel Cabrera Abu a pagar una suma superior al millón de pesos a la señora KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA, al acoger la demanda que indica que fue cancelada de la entidad de manera irregular, tras 7 años y 9 meses de labor ininterrumpida.
El tribunal ordenó a las autoridades de PROPEEP pagar un salario a la exempleada por cada año como establece la Ley 41-08, tomando como referencia sus primeros 7 años y 9 meses. En ese tiempo se desempeñó como coordinadora de capacitación e inserción laboral.
Cuando fue “desvinculada” de sus funciones el 07/09/2020 ocupaba el cargo de coordinadora de capacitación e inserción laboral.
Conforme a la sentencia, su desvinculación se produjo “violentando el debido proceso”. La señora la señora KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA había sometido su proceso de pensión y fue desvinculada de manera irregular. Ya que la misma tiene 72 años de edad, no cuenta con seguro de salud y en condiciones precarias.
El DR. WILLY WILLIAN SÁNCHEZ, quien representó a la señora KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA, indicó que su clientes es una persona de alto riesgo ante el COVID-19 debido a su avanzada edad.
“la señora Kelva Antonia Pérez Mencía fue cancelada del Proyecto Estratégico y Especiales (PROPEEP) en el mes de septiembre 2020, pero dicha cancelación le fue notificada en octubre del año pasado. El actual encargado de Recursos Humanos de la institución Jesús Aybar, alegó mediante comunicación en la referida cancelación, que el despido de Pérez Mencía se produjo por conveniencia en el servicio, en franca violación al principio constitucional del debido proceso. La empleada, además de ser notificada dos meses después, fue dejada sin protección de seguro médico en medio de una pandemia Mundial COVID-19, a sabiendas que estaba protegida por la resolución 060-2020 del Ministerio de Administración Publica, no se le pagó su salario durante los últimos 2 meses del 2020 y no se le ha entregado el dinero de sus prestaciones, indemnización y otros derechos adquiridos. La demanda fue por 10 millones de pesos.
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